Críticas internas en Londres a la cuarentena a España

El Gobierno de Boris Johnson jura y perjura que la cuarentena impuesta a los viajeros procedentes de España, y que en la práctica mata el turismo británico de este verano a la península Ibérica, no tiene nada de político, y responde a una realidad científica, la del índice de infecciones. Y que tenía que actuar de esa manera para proteger la salud de sus ciudadanos.

Pero todas las decisiones sobre la pandemia son políticas en la medida en que afectan a la imagen, la reputación y las posibilidades de seguir en el poder de quienes las toman, y de que se trata de una elección con escasos matices entre la salud y la economía. La regla general en todas partes, como se ha demostrado, es que en la medida que se alivian las restricciones para favorecer el estímulo económico sube el número de infecciones.






Downing Street dice que el número de infecciones en España es el triple que en Gran Bretaña





La gestión de la crisis por la administración Johnson ha sido caótica desde el principio, y también respecto a las restricciones de viajes y los países a los que se aplica. Después de permitir sin apenas trabas que llegaran a los aeropuertos nacionales vuelos procedentes de lugares con elevadísimo nivel de infección cuando la pandemia aún no había llegado en toda su furia al Reino Unido, impuso una cuarentena general cuando aquí estaban las cosas peor que en el resto de Europa, todo porque insistió en ello la ministra de Interior, Priti Patel, a fin de que nadie le pudiera reprochar que había hecho todo lo posible. Todos los ministros saben que habrá una investigación, y quieren ponerse a salvo.

Pero las presiones de las aerolíneas y los touroperadores, y de un amplio sector del Partido Conservador sensible a sus intereses abrieron inmediatamente las puertas al apaño del establecimiento de unos “correderos aéreos” que eximieran a países donde la incidencia de la enfermedad es relativamente escasa, o inferior a la de aquí. La lista incluye un centenar y medio de destinos, la mayoría de los cuales imponen sus propias restricciones a los británicos.

La cuarentena a España, aparte de una bofetada diplomática a Madrid, es polémica también a nivel interno. La prensa más populista la ha aplaudido en la medida que va a fomentar el turismo interno y alimenta la misma insularidad y sentido diferencial que el Brexit (el Daily Mirror estima que va a aportar cuatro mil millones de euros al PIB del país), pero todos aquellos británicos que tenían comprados sus billetes y pagadas sus vacaciones están que trinan contra la falta de previsión de sus dirigentes. Tanta ha sido la improvisación que el propio ministro de Transporte, Grant Schapps, se fue de vacaciones a un lugar de la costa española el mismo sábado, y regresará mañana con su familia.





La respuesta de Downing Street es que la decisión fue tomada por el Centro Conjunto de Bioseguridad, el organismo de expertos que reúne y analiza los datos epidemiológicos en todo el mundo (infecciones, muertes, diferencias regionales), que hizo saltar las alarmas cuando el número de casos se triplicó en España y pasó en quince días de 8,8 a 35,1 por cada cien mil habitantes (aquí son 14,7). En la semana del 10 al 17 de julio, se registraron en el Reino Unido 295 defunciones por coronavirus, pero ayer 119, un número elevadísimo.

“El Gobierno tiene muy en cuenta el contexto político de las medidas que impone –señala un miembro de la oposición–. Necesita a Alemania y Francia para conseguir un buen acuerdo comercial, pero está receloso de que España utilice el Brexit para minar su soberanía sobre Gibraltar”.





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