Los expertos rechazan la cartilla covid de Ayuso porque tiene “más riesgos que beneficios”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha querido entrar a valorar la medida de Isabel Díaz Ayuso sobre la ‘Cartilla COVID-19’ y se ha limitado a recordar que no está contemplada “por ningún organismo internacional, ni la Organización Mundial de la Salud” ni por ninguno de los documentos técnicos que ha elaborado el Ministerio. 

Illa no ha querido hacer más comentarios al respecto, como sí lo han hecho otros expertos, que especifican los motivos por los que dichos organismos no lo contemplan. El doctor José María Molero, experto en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, considera que tiene “más riesgos que beneficios”, entre ellos una “falsa sensación de seguridad”, además de problemas de “índole ética y moral”, profesionales y legales “al diferenciar la equidad en función de que se tenga o no anticuerpos”, ha dicho a EFE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la estrategia de continuidad del Covid-19, en la que informa de las nuevas medidas que pondrá en marcha el Gobierno regional para combatir al coronavirus, en la Casa de Correos, Madrid (

“La Comunidad debería explicar para qué quiere esta cartilla. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus documentos de pruebas diagnósticas no lo recomienda”, y todavía no está implantada en ningún país de la UE, ha reiterado en línea con las palabras de Illa.

Se supone que “si una persona tiene una serología positiva, de infección pasada, con anticuerpos IgG positivo frente al coronavirus, se registra en un documento” que supuestamente le daría “acceso a unos servicios, funciones o unas características diferenciadoras de aquellos que sean negativos, pueden ser laborales, personales, profesionales, de ocio”. 

Segregación por inmunidad y desconocimiento real de esa inmunidad

En primer lugar, “la mayoría de sociedades, organizaciones, entidades son contrarias a ese tipo de segregación entre un tipo de población y otra, tiene muchos riesgos”, detalla. “El primero es el inmunológico. Llevamos siete meses de infección, conocemos que no hay reinfecciones, aquellos que la han pasado parece que no se reinfectan, pero no sabemos nada más, ni cuánto tiempo dura la inmunidad ni qué tipo de protección genera. Puede ser que en el octavo, noveno mes deje de ser eficaz y, por lo tanto, la persona se contagie y pueda contagiar”, explica.

“Desconocemos si una persona, aunque tenga anticuerpos, no pueda en algún momento, al tener contacto con un enfermo, estar replicando durante uno, dos, tres días el virus dentro de sus vías respiratorias y estar contagiando aunque ella misma no desarrolle la infección”, añade.

Sensación de falsa seguridad

Puede haber “una sensación de falsa seguridad: como tengo este pasaporte que dice que estoy protegido, puedo relajarme en otro tipo de medidas“, como mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, evitar eventos sociales y aglomeraciones.

Problemas éticos y morales

Este experto añade que puede conllevar problemas “éticos y morales”, al diferenciar “la equidad en los servicios en función de que se tenga o no anticuerpos”, plantea un conflicto “jurídico y legal al limitar libertades y derechos fundamentales por esta condición”, advierte.

Discriminación laboral

“Se puede pervertir ese tipo de pruebas a nivel laboral, discriminar a alguien por haber tenido una infección, privándole de un puesto de trabajo o actividad laboral a la que tiene derecho para progresar”, según Molero.

No aporta nada de cara al control de la infección

Según la literatura científica publicada, “no aporta nada de cara al control o transmisibilidad de la infección, porque a la persona con pasaporte hay que indicarle que continúe con las medidas de protección como si no hubiese tenido la infección. Hay que mantenerlas independientemente de tener inmunidad o no”. 

Se necesitaría un número de PCR que a día de hoy no se puede hacer

A este listado, la revista Nature añade varios motivos más. Por ejemplo, se necesitaría realizar un número de PCR que a día de hoy es imposible abarcar. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, con una población de 6,6 millones de personas, requeriría al menos 13 millones de pruebas serológicas para validar el estado inmunitario COVID-19 de cada residente al menos dos veces. Dos pruebas por persona son el mínimo, porque cualquier persona que dio un resultado negativo podría infectarse más tarde y necesitaría una nueva prueba para obtener la certificación inmunológica, según la revista especializada.

Además, añade que ante una escasez de pruebas, haría más evidentes las diferencias entre ricos y pobres, ya que los primeros podrían acceder a ellas con una mayor facilidad y, por tanto, acceder a los servicios.

La monitorización chocaría con la privacidad de los ciudadanos

Si bien los “pasaportes” en papel son más susceptibles de ser falsificados, los digitales pueden conllevar una mayor vulneración de la privacidad porque puede dar más datos de los estrictamente sanitarios. 

Amenaza para la salud pública

Los pasaportes de inmunidad podrían crear incentivos perversos, según Nature, que considera que si el acceso a ciertas libertades sociales y económicas se otorga solo a las personas que se han recuperado de COVID-19, entonces los pasaportes de inmunidad podrían incentivar a las personas sanas y no inmunes a buscar infecciones voluntariamente, poniéndose a sí mismas y a otras personas en riesgo.

La revista recuerda además lo sucedido en el siglo XIX con la inmunidad a la fiebre amarilla, que dividió a las personas en Nueva Orleans, Louisiana, entre los ‘aclimatados’ que habían sobrevivido a la fiebre amarilla y los ‘no aclimatados’, que no habían tenido la enfermedad. La falta de inmunidad determinaba, por ejemplo, con quién podían casarse las personas, dónde podían trabajar y, para aquellos obligados a la esclavitud, cuánto valían.